El próximo domingo 16 de noviembre, Chile vivirá una nueva elección presidencial. Sin embargo, miles de trabajadores y empresas del comercio formal podrían volver a enfrentar una situación injusta y anacrónica: el cierre obligatorio de locales agrupados bajo una misma razón social, como malls, outlets o strip centers, mientras otros comercios pueden operar sin restricción alguna.
Esta diferencia no solo carece de fundamento, sino que impacta directamente en el empleo y los ingresos de miles de personas. Un estudio realizado por la Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR), junto a la CNC y la CCC, muestra que 94% de las empresas con presencia física en centros administrados ha debido cerrar en elecciones anteriores, y que 67% reporta un alto impacto en ventas diarias. En conjunto, estos recintos concentran 63% de los locales y 69% de las ventas del sector.
La consecuencia es clara: menores ingresos variables para los trabajadores, pérdida de competitividad frente al comercio informal y caídas que pueden alcanzar hasta 45% en las ventas formales. En el caso del rubro gastronómico, solo en un día de elecciones, las pérdidas pueden llegar a US$13 millones, afectando a más de 40 mil repartidores y trabajadores que viven de su trabajo diario.
Por eso, resulta urgente que el proyecto de ley que busca corregir esta desigualdad (Boletín 17843-06) sea puesto en tabla y discutido antes del próximo proceso electoral. Chile necesita una norma moderna y justa, que permita compatibilizar el ejercicio del voto con la continuidad operativa del comercio formal mediante permisos y turnos para sufragar, como ocurre en otros países.
No se trata de elegir entre democracia y trabajo. Se trata de garantizar ambos derechos con equilibrio y sentido común.
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