ACONCAGUA (23/05/2025).- La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Los Andes detuvo a diez integrantes de una estructura criminal dedicada a internar al Valle del Aconcagua gran cantidad de drogas y armamento.
Asimismo, este grupo mantenía el control territorial de poblaciones de comunas de las provincias de Los Andes y San Felipe, como también, se le asocian delitos violentos perpetrados el año 2024.
En el operativo denominado “Soldado Profeta” se incautaron seis vehículos, dinero en efectivo, tres armas de fuego, además, de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, cocaína base y ketamina, drogas avaluadas en más de 37 millones de pesos.
Durante las diligencias investigativas, se gestionaron órdenes de entrada y registro para 14 domicilios ubicados en Los Andes, San Felipe, San Esteban y Calle Larga. En dichos inmuebles se incautaron 1.266 gramos de cannabis sativa, 1.178 gramos de cocaína base, 925 gramos de clorhidrato de cocaína y 15,31 gramos de ketamina, todo con un avalúo superior a los 26 millones de pesos.
Asimismo, se decomisaron un arma de fuego tipo subametralladora —réplica de una mini UZI—, una escopeta calibre 12 y una pistola a fogueo.
Acerca de este duro golpe al crimen organizado, el jefe contra del Crimen Organizado de la PDI, prefecto José Contreras, indicó que se trata de una investigación de larga data, “donde se logra desbaratar una estructura criminal que cumplía con roles específicos, violencia y armas en distintos puntos del valle, pero principalmente en las comunas de San Felipe, Los Andes, San Esteban y Calle Larga”.
Por ello, destacó el trabajo colaborativo entre el Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes para poder desbaratar esta peligrosa organización que está asociada al tráfico de drogas, hechos de violencia, “ y el abuso de las armas”.
Precisó que a esta organización se le incautó un patrimonio por sobre los 120 millones de pesos solo en vehículos de alta gama de las marcas BMW, Audi, Maserati, Ford, Chevrolet y Volskwagen, “y esto nos permite decir que estamos golpeando a las agrupaciones criminales que es donde mas les duele que es precisamente sus bienes”.
El oficial precisó que los detenidos, 9 hombres (uno de ellos menor de edad) y una mujer son todos de nacionalidad chilena y alguno de ellos cuentan con antecedentes policiales.
Añadió que la investigación sigue en curso, razón por la cual no se entregan mas detalles del procedimiento a fin de poder desarticular por completo esta organización.
Comentó también que algunas de las armas incautadas fueron modificadas para aumentar su poder de fuego.
Entre los vehículos incautados figura un automóvil Maserati que ya había sido requisado en otro procedimiento en la zona relacionada con una organización criminal que modificaba armas para vendérselas a narcotraficantes que operan en Aconcagua.
Por su parte, la Seremi de Seguridad Pública, Paula Gutiérrez, valoró este procedimiento coordinado desde la fiscalía con la PDI para atender requerimientos de la comunidad respecto de territorios que estaban siendo controlados por bandas delictuales ligadas al tráfico de drogas.
“Esto compromiso del gobierno en la persecución del crimen organizado que genera temor en la población y dar tranquilidad a la ciudadanía”, expresó la Seremi.
Los diez detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde fueron formalizados por tráfico y asociación ilícita.
Los diez detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes donde fueron formalizados por los delitos asociación criminal para el tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de drogas.
Del total de detenidos, nueve quedaron en prisión preventiva, mientras que el adolescente involucrado fue puesto en libertad con medidas cautelares menores.
Al termino de la audiencia, el fiscal jefe del Ministerio Público, Ricardo Reinoso Varas, recordó que esta causa se inició el año 2023 por un tráfico de armas, “ y en esta segunda etapa se detuvo 10 personas que se suman a otras 3 detenidas anteriormente”.
Añadió que el tribunal estableció un plazo de investigación de seis meses y no descartó que puedan haber nuevos detenidos.
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